Entre 2022 y 2024, el número de proveedores de servicios de criptoactivos autorizados en la Unión Europea se multiplicó por 2,5. Sin embargo, muchas de estas empresas aún presentan carencias importantes: carecen de controles efectivos, estructuras de gobernanza sólidas y directivos con integridad demostrada. Esta situación ha encendido las alarmas entre los reguladores europeos, que advierten sobre una preocupante brecha entre las exigencias legales, las expectativas regulatorias y la realidad operativa del sector.
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha señalado que, debido a la creciente conexión entre el ecosistema cripto y las finanzas tradicionales, los riesgos asociados al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se están extendiendo a sectores como los servicios de pago, las entidades de crédito y el dinero electrónico. Esta interconexión, unida a deficiencias en controles preventivos, agrava las vulnerabilidades del sistema financiero europeo.
El impulso por innovar y no perder el ritmo del mercado está llevando a muchas entidades a adoptar tecnologías RegTech —como la inteligencia artificial para el cumplimiento normativo— de forma poco reflexiva. Esto, sumado a la complejidad de las estructuras de subcontratación que permiten la conversión entre criptoactivos y dinero fiduciario, ha generado problemas de transparencia, gobernanza y control operativo.
Aunque la entrada en vigor del reglamento MiCA, complementado por la normativa de Transferencia de Fondos (TFR), busca mejorar la trazabilidad de las operaciones y reforzar la supervisión, su implementación enfrenta obstáculos. La ESMA ha cuestionado incluso procesos de concesión de licencias, como el caso reciente de una empresa cripto autorizada en Malta, señalando deficiencias graves en la evaluación de riesgos y en el historial de la firma.
En este contexto, la EBA advierte que la expansión del sector cripto, sin una regulación y supervisión adecuadas, puede poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero. Por ello, aboga por una coordinación más rigurosa entre autoridades nacionales y europeas, y una aplicación coherente del nuevo marco legal para cerrar las brechas que hoy permiten la evasión de controles fundamentales.
